Ya son más de 2.000 los concejales que han firmado para apoyar un proyecto de ley que busca eliminar las empresas promotoras de salud (EPS) y crear unidades administrativas especiales (UAE) que asuman sus funciones a nivel regional.

Con 3.619 rúbricas (el 30 por ciento de los 12.063 cabildantes que hay en Colombia), la iniciativa podría ser radicada ante el Congreso antes de terminar este año. Así, empezaría su trámite en 2018, cuando la Ley 100 que permitió esa mediación privada en el sistema de salud cumple 25 años.

La propuesta surgió del Concejo de Manizales. Su presidente, el liberal Víctor Hugo Cortés, está recorriendo el país para conseguir las adhesiones necesarias. En diálogo con EL TIEMPO, lanzó duras críticas al Ministerio y la Superintendencia de Salud, además del Congreso, e incluso insinuó que reciben “dádivas”.

También explicó que la intención es devolverle al Estado las funciones asumidas por esos actores privados. Según él, esto permitirá “humanizar” el servicio a los pacientes, porque quienes lo prestan se convertirían en funcionarios públicos.

¿Qué diferencia hace que sean funcionarios públicos?

Hoy ya no sirven ni la tutela ni el desacato. Los funcionarios privados no tienen el mismo control, no hay forma de sancionar.

Si la intención es devolverle esto al Estado, ¿cómo evitar que se repita la mala experiencia del sistema anterior con el Seguro Social?

El Seguro Social era una entidad centralizada que estaba quebrada. El remedio, las EPS, fue peor que la enfermedad. Se convirtieron en un negocio que tiene que ser rentable, no importan las personas que se tengan que morir. Es mejor lo que teníamos, una inversión social. Lo que proponemos es descentralización. Hoy, con la Constitución de 1991, ya tenemos la tutela y unos organismos de control que permanente estarían vigilando ese servicio.

Pero la tutela –usted lo acaba de decir– no basta.

Pero, como ahora va a haber funcionarios públicos, se sancionan o se destituyen. Ahí se tienen las ventajas que no existen frente al sector privado. Al funcionario que está ahí solo le interesa quedar bien con sus directivos, que buscan es plata.

¿Y la descentralización pública sí es la solución? Porque las UAE se podrían volver fortines del clientelismo regional. ¿Cómo combatir eso si, a pesar de tantos órganos de control, igual pasan cosas como el 'cartel' de la hemofilia en Córdoba o la crisis de La Guajira, por mencionar dos casos?

La respuesta es cultura política. Por eso llegamos a todos los municipios a recoger las firmas con videos para mostrarle a la ciudadanía y visibilizar lo que se está haciendo.

La exposición de motivos dice que las EPS son una “puerta de escape de recursos públicos”. ¿Cuánto cuesta esa fuga?

El sistema de salud le costó al país 39 billones de pesos en 2016. Eso fue lo que el Estado les pagó a las EPS. Redondeando, por administración nomás, reciben automáticamente 10 por ciento: 3,9 billones. Supongamos que las oficinas que tienen demanden el pago siquiera de la mitad. Dígame qué negocio genera 1,85 billones de pesos de ganancia.

Menciona otro tema de cifras: de nuevo, las tutelas.

Eso varía. Según la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, son 2.800 por año en Caldas. De estas, 20 por ciento termina en desacatos. Hay un desgaste administrativo y una congestión judicial porque no se garantiza el derecho a la salud.

¿Y de las glosas a las IPS?

Son los valores que le debe cada una de las EPS a clínicas y hospitales de la ciudad (ver nota anexa). Cada mes les pagan un poquito, les amarran el resto, al final se declaran en quiebra o se retiran de la ciudad y ahí dejan las deudas. Hoy Caprecom le tiene al sistema más de 40.000 millones de pesos en el departamento que no se pueden recuperar.

¿Han hablado con el Gobierno Nacional y con otros actores regionales, diferentes a los concejos, para buscar apoyo al proyecto?

Estamos trabajando con senadores y alcaldes. No hemos querido hablar con el Ministerio de Salud porque ellos son los directos responsables. Y lo peor: tenemos una Superintendencia negligente e incapaz. No han hecho nada por solucionar este tema.

La Procuraduría acaba de suspender al superintendente porque no cumple con su función. Claro que también es cierto que con 94 funcionarios para hacerles control a 48.882 empresas de salud en todo el país, es imposible. No tiene ni siquiera el músculo financiero, porque le dan solo 97.500 millones de pesos al año.

¿Han encontrado algún sector que le haga oposición a la propuesta?

En Armenia se nos quería oponer el Centro Democrático. Pero nosotros le recordamos que los causantes de ese tema estaban reencarnando hoy en ellos, a través del expresidente Álvaro Uribe (senador de ese partido), que fue ponente de esa iniciativa en 1993, cuando representaba al Partido Liberal. Por eso hoy el liberalismo tiene la autoridad moral para decir que corrijamos lo que otrora se hizo.

Usted dice que el Ministerio de Salud es culpable y el proyecto habla de conflictos de interés. ¿Hay nombres propios?

Es muy sospechoso que la Superintendencia de Salud no haga nada frente a tantas situaciones con el sistema. Las EPS también se mueven en el Ministerio. Usted observa un silencio cómplice que deja mucho que decir y nos indica a nosotros que hay complacencia, por eso creemos que hay corrupción, dádivas. Como las hay en el Congreso. Ya todos identificamos la bancada de las EPS, encabezada por el senador Roy Barreras (Partido de ‘la U’).

Pero si los concejales del país presentamos el proyecto, están obligados a debatirlo. Toda la ciudadanía se va a dar cuenta de quiénes son los congresistas que merecen o no el apoyo, sobre todo ‘ad portas’ de un proceso electoral.

Nadie quiere a las EPS. Hay quienes podrían decir que proponer eliminarlas es populismo, precisamente de cara a las elecciones de 2018.

El único interés que tenemos es el de sacar soluciones definitivas a la principal problemática que tenemos los colombianos. Víctor Cortés y los concejales del país estamos elegidos para un periodo que termina en 2019. Estamos muy lejos de eso. Hay una intención de recuperar la institucionalidad de los concejos municipales. Nos estamos organizando para ya no ser lacayos de los congresistas.

¿Y los congresistas que han expresado el apoyo público a la propuesta no se benefician?

Puede ser. Pero ellos no están abanderando la iniciativa. Solo han dicho “sí, nosotros nos comprometemos”. Ellos no nos acompañan ni les estamos haciendo campaña. De hecho, quienes estamos liderando esto tenemos algo claro: a todos los congresistas que vengan a pedir nuestro apoyo político, lo vamos a supeditar a que se comprometan con esta iniciativa. Si no, los aislamos. La idea es sacar provecho hoy nosotros, no ellos. ¿Quiénes nosotros? Los ciudadanos.

El director de la Territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont, planteó dudas sobre la efectividad de la eliminación de las EPS para mejorar el sistema de salud y la capacidad de su entidad para asumir la intermediación.

“El problema de la salud no son los pagadores sino la estructura. Si yo me voy a volver el pagador y no me llega el recurso, voy a tener la misma dificultad. Fíjese que yo también me estoy volviendo un mal pagador (ver nota anexa). El sistema está asumiendo gastos que no es capaz de sostener. O se generan mayores recursos o se le pone un límite a lo que se les puede entregar a los colombianos”, dijo.

Según el funcionario, las dificultades no radican en que los intermediarios sean públicos o privados. Explicó que “ellos se quedan con un porcentaje de administración, pero el problema en sí no es ese". Consideró, en cambio, que el desequilibrio está entre la inversión que se le hace al sistema y la cantidad de servicios que ofrece.

Finalmente, agregó que mucha población que está en el régimen subsidiado sí tiene cómo pagar y quienes están en el contributivo no aportan acorde a sus ingresos reales. "¿Qué funciona así? Es un sistema desfinanciado. Hay que cambiar la fórmula”, concluyó.

Alarmadas están las instituciones prestadoras de salud (IPS) de Caldas, que ya acumulan una cartera cercana a los 300.000 millones de pesos, según revelaron en una reunión que tuvieron esta semana en Manizales para buscar alternativas a la crisis.

El gerente del Centro de Diagnóstico Urológico, Carlos Humerto Orozco, fue quien convocó a la cita de clínicas y hospitales con la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) y funcionarios de la Superintendencia de Salud. “Nos estamos aglutinando todas la IPS para abrir un diálogo colectivo”, explicó el médico.

Señaló que la deuda, que calificó como “astronómica”, compromete la calidad de la atención e incluso la supervivencia de las instituciones más pequeñas. “Cada una tiene su drama y lo que nos interesa es que nos paguen”, enfatizó.

El médico exigió que la Superintendencia proteja, además de los pacientes, a las IPS porque “nos están quebrando” las deudas de las EPS. Recordó que algunas de estas empresas promotoras se han ido del departamento dejando millonarias sumas sin pagar.

Advirtió que todos los insumos se compran en el exterior y en dólares, por lo que las tarifas congeladas para los intermediarios desde hace tres años y la falta de cancelación por los servicios facturados dificultan la prestación del servicio. 

“Estamos perdiendo la capacidad de renovación tecnológica. No somos capaces de invertir. Hay una oferta comercial de mercados asiáticos que pueden dar imitaciones, pero con una tecnología que no garantiza la calidad”, concluyó Orozco.

En esto coincide la gerente del SES Hospital de Caldas, Ángela María Toro. Reclamó que “lo que está pasando con las IPS es que nos estamos cerrando lentamente”. Su institución tiene más de un tercio de su cartera, 20.000 millones de pesos de 60.000, en alítisimo riesgo de no pago, sin contar 6.500 más que ya son imposibles de recuperar.

Los recursos que recibe –dijo– “son apenas los justos para operar”. El hospital empezó el año con 10.000 millones de déficit y ha tenido que cerrar 20 camas para mantenerse.

La salud mental pasa por un momento igual de crítico. A la Clínica San Juan de Dios, única con esta especialidad en el departamento, la cartera de 12.000 millones de pesos la tiene “mirando opciones para no declarar la quiebra”, según su gerente, Alexandra Valderrama.

Pero las EPS no son las únicas deudoras. Del total de la cartera departamental, la DTSC debe pagar 25.000 millones de pesos por los servicios al régimen subsidiado por fuera del plan obligatorio de salud (POS).

Las IPS le insistieron al director de la Territorial de Salud, Gerson Bermont, en que le pida a la Gobernación un traslado presupuestal para que pueda ponerse al día. “Pero, ¿de dónde sale esa plata? De vías, de educación, de cultura”, cuestionó el funcionario. Orozco sugirió que sea de infraestructura y Toro hizo un llamado a que “no todo se puede ir a vías o a otros frentes, porque necesitamos los recursos”.

Fuente http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/proyecto-de-ley-por-firmas-de-concejales-para-eliminar-las-eps-del-sistema-de-salud-148296