La mesa de trabajo encargada de diseñar estrategias de intervención para responder al impacto en la salud del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela fue instalada bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social.

El grupo, que busca dar una respuesta articulada de carácter intersectorial, está conformado, además, por la Cancillería, Migración Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las entidades territoriales receptoras de población migrante de Venezuela.

De los 470 mil venezolanos que han llegado al país solo setenta mil lo han hecho de manera legal, los demás no tienen la manera de acceder a servicios de atención en salud. Los que llegan de manera ilegal solo pueden ser atendidos cuando hay urgencias, pero de su bolsillo debe salir el dinero para asumir gastos, de cirugías, tratamientos y medicinas.

Marcela Enciso, vocera del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), señaló que, en los últimos tres años, 368 niños venezolanos entraron al sistema de protección de dicha entidad por la vulneración de sus derechos. 

Así mismo, Hernán Quijada, subdirector de Análisis de Riesgo y Respuesta inmediata del Instituto Nacional de Salud, reveló que la estrategia de seguimiento de enfermedades de interés en salud pública de la población migrante y de fronteras se basa en la vigilancia de zika, chikunguña, malaria, difteria, VIH, infecciones respiratorias agudas, infecciones respiratorias agudas graves inusitadas y, en cumplimiento de la alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud, el sarampión. “De toda la población extranjera –expresó en su análisis–, el 65 por ciento de los casos de tuberculosis es proveniente de Venezuela. Así pasa también con malaria, cuya notificación ha tenido un repunte en los períodos epidemiológicos 3 y 9 de 2017. En Villa del Rosario y Santander también se ha visto un incremento en la notificación de dengue”.

Julio Sáenz Beltrán, asesor del despacho del Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, expuso el marco normativo y dio a conocer la resolución CD55R13 de la Organización Mundial de la Salud. “En ella se insta a los países miembros a generar políticas para abordar las inequidades de salud que afecten a los migrantes, y es lo que Colombia ha hecho con este fenómeno migratorio”.

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió este año el Decreto 866 para canalizar 10.000 millones de recursos financieros para la atención de migrantes en departamentos fronterizos. Según los cálculos estimados por el equipo técnico del Ministerio, la atención a la población migrante para los próximos tres años ronda los 50.000 millones de pesos, a razón de 16.000 millones anuales. Los recursos se destinarán principalmente para la atención de gestantes, niños, eventos como tuberculosis, VIH/sida, enfermedades transmitidas por vectores (leishmaniasis, chagas, arbovirosis), enfermedades desatendidas, desparasitación, atenciones crónicas, salud mental y asistencia técnica para 12 territorios receptores de población migrante directamente proveniente de fronteras.

Fuente: http://www.consultorsalud.com/impacto-de-la-migracion-venezolana-en-la-salud